El pasado año fue una verdadera prueba para cualquiera que defendiera un futuro digital al servicio de la justicia social, de género y ambiental. En un año marcado por severos recortes presupuestarios a nivel mundial y el uso creciente de la tecnología de formas que perjudican a las comunidades marginadas y al planeta, nuestro último informe anual, que acabamos de publicar, muestra cómo nuestra red está contribuyendo activamente a orientar el desarrollo y el uso de la tecnología hacia el bien común.
Durante 2025, nuestro personal y nuestra red de miembros y aliados trabajaron en 63 países. En colaboración con las entidades que nos brindan apoyo financiero, y mediante el sistema de transferencia de subvenciones de APC, respaldamos de forma directa 206 iniciativas en 48 de esos países, la mayoría de ellos en el Sur Global. Juntos, construimos agendas comunes, al tiempo que promovimos la incorporación de perspectivas basadas en los derechos y la justicia en los discursos sobre las tecnologías digitales. Actuamos colectivamente para contribuir a definir estándares, políticas, procesos y normas digitales, al tiempo que fortalecimos nuestra propia capacidad colectiva en materia de seguridad, cuidados y resiliencia. También compartimos recursos y conocimientos para aprender, crecer y prosperar.
Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? A lo largo del mes de octubre, volveremos a publicar, en una serie de cinco entregas, las experiencias recopiladas en la sección del informe dedicada al impacto. Dichas experiencias se organizan en torno a las cinco áreas de resultados que constituyen los pilares del plan estratégico actual de APC.
Te invitamos a leer la cuarta entrega de la serie, centrada en cómo nuestra comunidad moldea colectivamente las políticas, los procesos, los estándares y las normas digitales.
Moldeando colectivamente las políticas, los procesos, los estándares y las normas digitales
Fortalecimos los procesos de gobernanza de internet en los que intervienen múltiples partes interesadas, consolidando posiciones de influencia para la sociedad civil. El año 2025 marcó el 20.º aniversario de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), un proceso global que ha sido fundamental para el enfoque multiactor en la gobernanza de internet. La estrategia de incidencia de APC para el examen de la CMSI+20 comenzó en la segunda mitad de 2023 y alcanzó un hito significativo en diciembre de 2025, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con la adopción por consenso del documento final de la CMSI+20. Esto garantizó la continuidad del proceso de la Cumbre, armonizándolo con el Pacto Digital Global y sentando las bases para una mayor coherencia en toda la agenda digital de las Naciones Unidas. Otro resultado clave de este proceso fue que se le otorgó un mandato permanente al Foro para la Gobernanza de Internet (FGI) y se le reconoció como un espacio multiactor vital para las discusiones sobre gobernanza digital. Este fue el resultado de esfuerzos coordinados entre APC y otras organizaciones de la sociedad civil que presionaron para que se reconociera el rol que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza de internet. El Consejo Consultivo Oficioso de Múltiples Partes Interesadas de la CMSI+20 también eligió a la directora del programa de incidencia en la gobernanza mundial de APC, Valeria Betancourt, para que formara parte del primer experimento que implementa el modelo multiactor en los procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas, lo que permitió a APC influir en el alcance y el rol de ese consejo consultivo. Por su parte, el Grupo Asesor de Múltiples Partes Interesadas del FGI invitó a Betancourt y a la asesora principal de APC en gobernanza mundial y regional de internet, Anriette Esterhuysen, para que se sumaran a su convocatoria especial de 2025, lo que permitió que APC contribuyera a configurar la agenda del FGI y a vincularla al proceso de examen de la CMSI+20.
Pusimos de relieve la discusión sobre el financiamiento de la conectividad digital en el Sur Global. En el examen de la CMSI+20, una prioridad fue impulsar un enfoque específico sobre financiamiento para hacer viable la implementación de las metas de la CMSI. Como resultado de la constante labor de incidencia de APC, el Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información (UNGIS), que es el mecanismo interinstitucional encargado de coordinar la implementación de la CMSI, estableció un grupo de trabajo sobre financiamiento y un grupo de consulta multiactor para elaborar marcos de financiamiento del desarrollo digital como resultados del proceso CMSI+20. Como complemento de su trabajo a través de la iniciativa Local Networks (LocNet) sobre soluciones sostenibles de financiamiento combinado para iniciativas de conectividad centradas en la comunidad, APC coescribió el informe oficial de la Coalición Dinámica sobre Conectividad Comunitaria del FGI de las Naciones Unidas, centrado en soluciones sostenibles de financiamiento para la conectividad comunitaria. El informe fue presentado durante una sesión en el FGI en Oslo en junio. A este hito le siguió en octubre el evento paralelo de la cumbre del T20 “Rompamos barreras: financiamiento innovador para la inclusión digital centrada en la comunidad”, celebrado en Sudáfrica y convocado por la Alta Comisión del Reino Unido, la UNESCO y APC. El evento reunió a unas 100 partes interesadas que debatieron formas de lograr un financiamiento sostenible para las redes comunitarias. Asimismo, observamos un cambio en los enfoques de financiamiento de la inclusión digital entre donantes bilaterales, como el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
Fortalecimos el lenguaje sobre derechos digitales y derechos humanos en procesos, resultados y resoluciones mundiales. Gracias a la labor de incidencia llevada a cabo por APC y sus organizaciones aliadas en el examen de la CMSI+20, el documento final incorporó un lenguaje sólido sobre desigualdades digitales, conectividad centrada en la comunidad y derechos humanos, con inclusión de la igualdad de género. También influimos positivamente en el texto de una nueva resolución sobre defensoras y defensores de los derechos humanos y nuevas tecnologías que fue aprobada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reforzando el enfoque sobre derechos de género. Mientras tanto, las delegaciones nacionales y los representantes de la sociedad civil y del sector privado en la Coalición por la Libertad en Línea (Freedom Online Coalition, FOC) incorporaron de manera sistemática los temas de derechos humanos, género y justicia social en la Red Asesora de la FOC y en los debates de políticas y productos de sus 41 Estados miembros. APC, como integrante de la Red Asesora, lideró recomendaciones proactivas, convocó reuniones, participó en eventos y paneles de la coalición, orientó a las delegaciones en la fase previa a procesos clave de gobernanza y aportó datos empíricos sobre la situación de los derechos humanos en internet en distintos países del Sur Global. El compromiso de APC con temas urgentes y procesos internacionales derivó en que en 2025 emitiera o apoyara 38 declaraciones y aportes que abordaron temas como la inteligencia artificial, el derecho a la privacidad y el impacto de la desinformación en los derechos humanos.
Favorecimos cambios de políticas para apoyar a las redes comunitarias en distintas regiones y en nuestros países prioritarios. Gracias a la labor de incidencia de APC y LocNet, así como al trabajo de diversas organizaciones integrantes de APC y aliadas (entre ellas Colnodo, REDES A.C., ISEA, CITAD, Common Room y Zenzeleni), los organismos reguladores regionales y nacionales han integrado iniciativas de conectividad impulsadas por la comunidad en sus políticas, estrategias y debates sobre inclusión digital. La Oficina Regional para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoció formalmente una iniciativa comunitaria como modelo regional, destacando al Programa de Formación de Gestores de Redes de TIC (organizado por Rhizomatica, REDES A.C. y APC) como una historia de impacto en su publicación oficial “State of digital development and trends in the Americas” (Estado del desarrollo digital y tendencias en las Américas). Asimismo, los Estados miembros de la Comisión de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo adoptaron un nuevo texto que reconoce formalmente los “modelos de conectividad participativos y centrados en la comunidad” en una resolución oficial. La propuesta fue presentada por Tanzania, respaldada por Sudáfrica y Egipto y aceptada por todos los Estados. Junto a estos logros, tras años de trabajo continuo, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones del África Austral solicitó a APC que elaborara directrices regionales para redes comunitarias de banda ancha (que posteriormente fueron aprobadas por los Estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral). Por su parte, los países en los que la iniciativa LocNet centró sus esfuerzos de incidencia en 2025 lograron diversos resultados concretos. Se celebraron hitos en la formulación de políticas con el lanzamiento público de estrategias nacionales para impulsar redes comunitarias en Sudáfrica y Kenia, así como la aprobación de una ley innovadora para apoyar la conexión de comunidades subatendidas en Filipinas. En Kenia, las iniciativas de conectividad comunitaria pasaron de operar en la informalidad a interactuar formalmente con los organismos reguladores, lo que dio lugar a 13 solicitudes de licencia y a la concesión efectiva de cuatro de ellas. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aprobó la resolución 1701 de 2026, que reglamenta la asignación de la banda de 900 MHz a comunidades de conectividad organizadas. Mientras tanto, tras años de articulación constante, APC codiseñó junto con la organización miembro CITAD un taller de sensibilización para la Comisión de Comunicaciones de Nigeria y creó un grupo de trabajo para ultimar el marco de licencias para redes comunitarias en el país.
Impulsamos la incorporación de perspectivas de género en foros mundiales y regionales, ampliando el debate sobre la violencia digital. Foros y procesos clave centrados en los derechos digitales, como el proceso del Pacto Digital Global y la CMSI+20, incluyeron un lenguaje sobre derechos de género en sus documentos finales gracias al trabajo conjunto de APC con coaliciones como Gender in Digital Coalition y Global Digital Justice Forum. Mientras que la Coalición por la Libertad en Línea incorporó una perspectiva de género en sus deliberaciones y APC reforzó el lenguaje de género en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de derechos humanos, algunos órganos de decisión que abordan la violencia de género de manera más amplia asumieron, gracias a nuestra labor sobre la violencia de género facilitada por la tecnología, la necesidad de prevenir y responder a la violencia digital. Un impacto significativo fue la contribución de APC a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, aprobada por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos. Gracias a dicha contribución, se amplió el debate sobre la violencia de género facilitada por la tecnología más allá de las redes sociales, para incluir la militarización, la guerra y el genocidio. Ello fue el resultado del trabajo de IM-Defensoras, organización integrante del consorcio Safety for Voices, que en una reunión de expertas presentó análisis derivados de más de una década de investigación, incentivando a actores estatales e institucionales a adoptar las medidas necesarias. En 2025, IM-Defensoras documentó, en su registro de agresiones contra mujeres mesoamericanas defensoras de derechos humanos, un total de 6.839 ataques contra 581 defensoras y 70 organizaciones en México, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Aumentamos la visibilidad de las defensoras de derechos humanos en espacios de debate político. APC y sus aliados en el consorcio Safety for Voices continuaron reforzando la voz y visibilidad de las defensoras de derechos humanos en espacios de decisión, influyeron en agendas de incidencia internacionales y regionales y promovieron cambios sistémicos basados en la protección integral feminista. Ello se logró mediante la participación en procesos de las Naciones Unidas como el Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la CMSI+20. APC coescribió cuatro informes de la sociedad civil para el EPU, tres de ellos junto con organizaciones miembro (TEDIC y Derechos Digitales, para Paraguay, CIPESA, para Rwanda, y SMEX, para el Líbano), y un cuarto informe de forma independiente, para Namibia. Además, se publicó como documento independiente un informe sobre la represión digital en Myanmar producido por Myanmar Internet Project en colaboración con APC, que originalmente había sido concebido como una contribución al EPU.
Desarrollamos las capacidades de las partes interesadas en materia de género y ciberseguridad. Fortalecimos la capacidad y la toma de conciencia sobre la importancia de la perspectiva de género en la ciberseguridad de diversos actores que intervienen en procesos internacionales de gobernanza en esta materia, entre ellos responsables de la formulación de políticas e integrantes de la sociedad civil y del ámbito académico, además de instituciones como la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y mecanismos como el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre la seguridad de las TIC y de su uso. APC también desarrolló un marco para integrar la perspectiva de género en la interpretación e implementación de las 11 normas de las Naciones Unidas sobre el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio.
Profundizamos los conocimientos sobre nuevos ámbitos de políticas. En mayo, quienes participaron en la 13.ª edición de la Escuela Africana de Gobernanza de Internet (AfriSIG) celebrada en Dar es Salaam (Tanzania), ampliaron sus conocimientos sobre internet y políticas digitales, perfeccionaron sus habilidades de negociación y afianzaron su comprensión del enfoque multiactor basado en los derechos humanos para la gobernanza de internet. Asistieron 55 participantes de diversos grupos de interesados de toda África: parlamentarios, organismos reguladores, el sector privado, el ámbito académico, medios de comunicación y sociedad civil. El evento fue coorganizado por APC, la Comisión de la Unión Africana y Research ICT Africa, en colaboración con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y el Itinerario Parlamentario del Foro para la Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. En julio se celebró en Tailandia la primera edición de la Escuela sobre Gobernanza de Plataformas en Asia, organizada por Open Net Korea y APC. Fue una oportunidad de formación única para jóvenes abogados, investigadores, profesionales de las políticas públicas y actores de la sociedad civil, quienes profundizaron en el análisis de los marcos de política sobre la gobernanza de las plataformas en Asia y exploraron estrategias para exigir responsabilidades a las plataformas.
APC desea agradecer a su sólida comunidad de miembros, asociados, personal, organizaciones socias y colaboradores por hacer posibles, año tras año, estos logros y su importante impacto. Para obtener más información, también les invitamos a consultar el informe anual completo de 2025.