El proceso de democratización es con frecuencia irregular y arduo, según las fluctuaciones del poder entre los distintos gobiernos y sus respectivos electorados. No obstante, en casi todos los casos, los gobiernos hostiles a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos cuentan con los recursos y el poder para desestimarlos. Por eso es imperativo hacer llegar a los gobiernos el apoyo que les permita profundizar su conocimiento sobre los derechos de la ciudadanía y sobre los procedimientos necesarios para garantizar su ejercicio. Es igualmente importante apoyar a los grupos de la sociedad civil para que puedan reclamar a sus gobiernos sus derechos civiles y políticos tanto como económicos, sociales y culturales. Existe amplia evidencia de la importancia de los enfoques “pro-demanda” para asegurar la longevidad de una cultura de derechos humanos. En los casos de las democracias jóvenes y emergentes es fundamental que se instalen las instituciones, procedimientos y mecanismos de respaldo y refuerzo de las acciones nacionales en pos del fortalecimiento de las democracias. Este estudio realizado por APC y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional explora el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el avance de la democracia y el empoderamiento, con especial énfasis en Kenya, Tanzania y Uganda.
En las últimas tres décadas todo parece indicar que los avances hacia la democracia pueden revertirse, y que es posible que los países retrocedan hacia culturas y prácticas menos democráticas. La falta de apoyo a acciones orientadas a instalar o profundizar la democracia, en países con escasa experiencia en cómo favorecer ese tipo de procesos, significa dejar la democracia librada al azar o, en muchos casos, a merced del abuso desenfrenado de esos mismos gobiernos que aparentemente profesan respeto por los derechos civiles y políticos tanto como económicos, sociales y culturales de su ciudadanía.
Se ha demostrado que el acceso y el uso estratégico de las TIC tiene el potencial para promover el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la democratización (que incluye libertad de expresión, libre flujo de información y defensa de los derechos humanos). Teniendo en cuenta los actuales índices de déficit de democracia en os países estudiados, es crucial que las TIC pasen a ocupar allí un lugar central en la cooperación para el desarrollo y en las acciones orientadas al avance de la democracia.
En ninguno de los tres casos los actuales gobiernos están adecuadamente equipados para ningún tipo de participación crítica en las acciones públicas y de la sociedad civil, orientadas a debatir con el gobierno estos temas de importancia nacional. Pese al multipartidismo de Tanzania y Uganda, el surgimiento de una oposición política viable se ve frustrada por el reducido apoyo estatal a los partidos políticos, y el activismo político de las ONG y OSC es desestimulado e incluso castigado mediante el “destierro” de algunas ONG cuestionadoras de la actividad en determinados sectores sociales. Para remediarlo y hacer avanzar las prácticas democráticas en los gobiernos es necesario fortalecer las instituciones que promueven la democracia –en particular, los parlamentos- para que puedan reclamar una mayor transparencia en las estructuras de gobernanza, y exigir a los gobiernos responsabilidad por sus respectivos mandatos.
Pese a su diversidad y relativa buena organización, las estructuras de la sociedad civil de los tres países estudiados enfrentan algunos desafíos. Por lo general, se espera que las organizaciones de la sociedad civil sirvan a sus gobiernos y no cuestionen sus prioridades, fallas o logros de implementación y estrategia. Específicamente, en Uganda y Tanzania la mayoría de las ONG y OSC ofrecen servicios, y en muchos casos mantienen una relación contractual con el gobierno nacional. Hace tiempo que esto ha dado lugar a unas ONG y OSC con una esfera de acción y capacidad de incidencia limitadas. En contraste con Uganda y Tanzania, el discurso de los derechos emergió con bastante fuerza en Kenya desde la transformación del estado unipartidista en los 90. Si bien existen en Kenya OSC y ONG con conducción política, necesitan una mayor capacidad institucional para lograr la longevidad y sostenibilidad de su impacto. En estos tres países el desafío consiste en lograr una mayor capacidad y ampliar el ámbito de utilización del espacio público y político por la sociedad civil, para participar e influir en las prácticas democráticas y decisiones de sus gobiernos. Esto implica tanto actuar horizontalmente como ciudadanos, junto a otros actores de la sociedad civil,como junto al gobierno. Tanto el acceso como el uso efectivo de las TIC son irregulares en estos tres países. Existen desigualdades entre zonas urbanas y rurales, entre hombres con más educación (con mejor acceso a los recursos) y mujeres con menos educación, y muchas veces analfabetas; y entre ricos y pobres. Tanto en la población rural como en la urbana, la herramienta de comunicación predominante es el teléfono móvil, mientras que el acceso a internet se reduce en buena parte a las zonas urbanas. El elevado costo de la conectividad internacional a internet –consecuencia a su vez de la dependencia de la conectividad satelital, en particular en Uganda y Tanzania- significa que queda en el ámbito de una pequeña élite acomodada, incluso dentro de las áreas urbanas.
El crecimiento lento de la adopción y utilización de internet es también atribuible a una infraestructura limitada, en particular de cable de fibra óptica y de electricidad en las zonas rurales; una baja utilización de internet por el gobierno, los establecimientos escolares y sanitarios, las instituciones agrícolas; una baja alfabetización en TIC; una falta de contenido local en internet; y bajos niveles de ingresos. No obstante, la región está en posición de conseguir acceso a la fibra de banda ancha, con numerosos proyectos en curso para conectar estos países a los cables de fibra óptica submarinos de la costa de África Oriental.
En los próximos dos años habrá mayor disponibilidad de conexión por banda ancha, que podría volverse económicamente más accesible para la mayoría de la población, con marcos de políticas adecuados y medidas regulatorias vigentes. En todos estos países, el acceso a banda ancha debe convertirse en una prioridad nacional, para hacerla llegar incluso hasta el pueblo más chico, y que los sectores y grupos sociales más marginados puedan participar en el debate nacional y la deliberación sobre temas y decisiones que tienen un impacto en su vida cotidiana.
El informe concluye con una serie de recomendaciones sobre estrategias y acciones posibles para apoyar los esfuerzos democráticos en estos tres países mediante el uso de las TIC,. Se proponen como prioritarias tres estrategias:
- Generar conciencia y entendimiento sobre (I) el potencial de las TIC, en particular en el contexto del vasto número de personas que hoy pueden conectarse de una u otra forma a través de los teléfonos móviles; (II) prácticas y los principios democráticos; y (III) el potencial de las TIC para consulidar la democracia.
- Fortalecimiento institucional de las OSC, ONG y trabajadores de los medios, para participar críticamente en temas de democracia, y también fortalecimiento institucional de los actores del estado para mejorar la transparencia y buena gobernanza.
- Fortalecimiento de las voces comunitarias en el debate público y la toma de decisiones, y en el mantenimiento de la transparencia y responsabilidad del gobierno.
Estas intervenciones estratégicas están principalmente dirigidas a los actores de la sociedad civil y a construir una “demanda” de una mayor participación y democracia. Sin embargo, sigue siendo importante para la SIDA investigar modalidades de impacto positivo en el marco político y regulatorio a través del cual operan los actores de la sociedad civil. Por eso, también es fundamental analizar cómo respaldar las iniciativas de fortalecimiento de instituciones estatales –como parlamentos independientes, jurídica y políticamente diversos –capaces de ejercer un control y de generar un impacto positivo en la capacidad de su electorado de participar con conocimiento de causa en la toma de decisiones sobre temas que afectan su calidad de vida, como la capacidad económica de acceder a las plataformas y herramientas de la comunicación.