Si bien es un hecho que los problemas de ciberseguridad se formulan en términos tecnofuncionales, y eso les otorga un halo de objetividad, la ciberseguridad es un campo muy cuestionado además de inherentemente político: se trata de una competencia entre diferentes puntos de vista sobre el mundo, ideologías e intereses estratégicos, aunque todo ello se presente como si se tratara de supuestos incuestionables. La seguridad, en tanto que valor, no es universal e inmutable; por el contrario, se apoya constantemente en prácticas socioculturales que caracterizan qué y a quién se considera “seguro/a” o “inseguro/a”, conceptualizando los objetos que se encuentran protegidos y articulando una justificación moral para dicha seguridad. El abordaje de género también ha ingresado en la disputa acerca de qué es y cómo se entiende la ciberseguridad.
Si bien es notable el enorme progreso que ha habido en cuanto al reconocimiento de que las amenazas y los abusos por cuestiones de género en contextos digitales se pueden abordar desde una perspectiva de derechos humanos, el impacto que tienen la desigualdad de género y las operaciones e incidentes cibernéticos a nivel internacional sobre las mujeres y las niñas sigue siendo una parte poco explorada del discurso en los foros y procesos dedicados a la ciberseguridad.
Este marco consta de tres partes y fue elaborado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones con el objetivo de prestar apoyo a personas encargadas de la formulación de políticas y organizaciones de la sociedad civil brindándoles orientaciones prácticas para el desarrollo de políticas, leyes y estrategias de ciberseguridad con perspectiva de género. Por lo tanto, se espera que sea un aporte para diversos actores interesados en las contribuciones a un enfoque de género para la ciberseguridad a fin de que puedan contar con una base teórica que sustente sus políticas y acciones.
Revisión de literatura
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: primero, un breve planteo sobre conceptos importantes en torno del género. Segundo, una descripción del contexto general preexistente a la idea de que la ciberseguridad constituye un espacio de género. La tercera parte analiza las conexiones entre la irrupción de los derechos humanos en el concepto de ciberseguridad y la perspectiva de género, y examina los conceptos transversales más prevalentes en las diferentes investigaciones que aplican el género a las diversas áreas de la ciberseguridad. En la cuarta parte, hay un estudio más profundo de algunos de los tópicos en los que está más presente la perspectiva de género en ciberseguridad, para terminar, en la última parte, con un breve capítulo de conclusiones.
Normativas, reglas y directrices
Este trabajo presenta una visión general de los instrumentos más relevantes a los que pueden recurrir las personas responsables de formular políticas de ciberseguridad cuando se trata de promover la perspectiva de género. Considera específicamente: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad (AMPS), los documentos finales de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informes y resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, iniciativas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y procesos de ciberseguridad de la Asamblea General de ONU.
Herramienta de evaluación
Esta herramienta de evaluación ofrece sugerencias detalladas y recomendaciones concretas para quienes se proponen la tarea de desarrollar políticas de ciberseguridad con un enfoque de género. Tomando como base el Modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad de las naciones (CMM, por su sigla en inglés), esta herramienta de evaluación ofrece una metodología de análisis que considera el grado de madurez de las políticas nacionales en cada país. El foco se fija en las tres primeras etapas de maduración – que se conocen como “inicial”, “formativa” y “consolidada” – ya que son las más importantes para incidir en políticas. Como parte de su enfoque analítico, también adapta una herramienta desarrollada por Global Partners Digital (GPD) para evaluar las estrategias nacionales de ciberseguridad desde la perspectiva de los derechos humanos.