La renacionalización del control del espectro radioeléctrico argentino llevada adelante en Argentina por el gobierno de Néstor Kirchner es un hecho histórico que merece ser destacado, tras el atropello que significó la privatización del mismo cometido en 1997, durante una de las presidencias del ex presidente Carlos Menem.
En Argentina quien maneja el espectro radioeléctrico no es un único organismo sino varios, que se relacionan a través de complejos mecanismos de interacción. En este sentido, es posible afirmar que existe una separación casi histórica entre la formulación de políticas y la regulación del espectro en en el país.
Por un lado, la Secretaría de Comunicaciones y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual asignan las porciones del espectro radioeléctrico destinadas a telecomunicaciones y a radiodifusión, respectivamente. Mientras que, por otro lado, ante los pedidos de las anteriores, la Comisión Nacional de Comunicaciones controla la disponibilidad y compatibilidad técnica y geográfica de las mismas: es la CNC quien da la luz verde o roja desde la perspectiva técnica para que la SECOM y la AFSCA emitan las licencias.
Por su parte, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene injerencia compartida con la SECOM y con la AFSCA en evitar la concentración del espectro y la concentración de frecuencias por un mismo titular.
Debate histórico pero acotado
El debate político y social en torno a la asignación del espectro radioeléctrico en Argentina alcanzó niveles muy ricos y participativos en el momento de discusión de la Ley de servicios de comunicación audiovisual N° 26.522 que reemplazó a la ley 22.285 sancionada bajo un gobierno de facto que promovía la concentración del espectro en pocas manos. En dicho proceso de debate participó un importante número de organizaciones sociales que hicieron contribuciones de peso en la formulación del nuevo marco regulatorio de la radiodifusión.
Si bien ese debate se presentó publicamente como a favor de la democratización del espectro, en realidad era un debate acotado a la porción del espectro dedicada a radiodifusión, dejando fuera de la discusión a la porción del espectro destinada a telecomunicaciones que aún continúa regulada por una ley también sancionada en 1972. Es importante resaltar el peso simbólico que reviste el hecho de que las telecomunicaciones aún estén regidas por un marco legal de casi cuarenta años. Si se toma ese lapso teniendo en cuenta todos los cambios tecnológicos e institucionales que se sucedieron en el país, creemos que la reformulación de ese marco legal será un debate de ineludible relevancia a ser dado en el corto plazo.
Por otra parte, si bien debe reconocerse que existiría intencionalidad política de generar un debate en este sentido, sugerimos que como primera instancia debería promocionarse la importancia de la pluralidad en el manejo del espectro, trascendiendo lo referido a radiodifusión.
Un primer paso para que los organismos de la sociedad civil interesados puedan sumarse al debate consistiría en instaurar el concepto de acceso a banda ancha como un derecho y, por lo tanto, estar en condiciones de comenzar a discutir el acceso a los medios físicos para poder cumplir ese derecho. Es importante recalcar que este es un debate que reviste demasiada especificidad y que, para que realmente tenga lugar, debe descomplejizarse y envolverse como una discusión sobre derechos de recursos públicos y no como una discusión exclusivamente técnica.
Banda ancha a lo ancho y a lo largo del país
El denominado Plan de telecomunicaciones Argentina conectada , en tanto estrategia para mejorar el acceso a banda ancha en el país, por el momento no parece involucrar modificaciones en la gestión del espectro sino que concentra sus esfuerzos en generar una red federal de transporte de datos.
Dicha red se encuentra en algunas zonas en proceso de construcción, en otras en proceso de licitación y en otras en proceso de estudio. Es notable la alta capilaridad que muestra en su diseño y en las especificaciones constructivas, que brindan una interesante oportunidad para conectar el interior profundo del país.
Todo parecería indicar que con este plan los accesos inalámbricos usarían los medios ya conocidos de bandas no licenciadas o servicios tipo WiMAX en general prestados en 3,5GHz. Simultáneamente el debate en torno al uso del espectro en las bandas no asignadas a radiodifusión es prácticamente nulo y de baja presencia a nivel social.
Algunas buenas prácticas y oportunidades
En el campo de las telecomunicaciones, las cooperativas son un actor sumamente relevante que intenta influir politicamente en otro planteo del espectro. Estas constituyen un sector clave a la hora de concretar la democratización en el acceso a internet. Las políticas públicas deberían permitirles desplegar su potencial, teniendo en consideración su desventajosa situación económica.
Un tipo de iniciativa que consideramos acertada es la aprobación de la metodología de ingreso de los aportes del servicio universal a la cuenta recaudadora fiduciaria del Fondo fiduciario del servicio universal ya que, entre otros puntos positivos, enfatiza la responsabilidad de los actores privados. Otra alternativa que se mostró interesante para ser explorada es la tarifa social para banda ancha, así como existe para el servicio de cable.
La investigación también evidenció que existen varios obstáculos a ser sorteados desde las comunidades de usuarios/as en emprendimientos de redes libres. Creemos que una posibilidad para su fortalecimiento radica en que el estado favorezca el relacionamiento entre las distintas redes dispersas en el país.
Esta es una sintesis de la investigación realizada en Argentina por Danilo Lujambio, Florencia Roveri y Flavia Fascendini para Nodo Tau, como parte de la iniciativa de APC Espectro abierto para el desarrollo, que se orienta a brindar un mejor conocimiento de la regulación del espectro a través del estudio de la situación en África, Asia y América Latina. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Action Research Network’, financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC)
Se disponibiliza debajo el informe nacional de Argentina y anexos del informe.
Enlaces de interés para la lectura del informe:
Decreto 1552 – Argentina conectada
Decreto reglamentario de la Ley 26.522
Ley 19.798 – Ley nacional de telecomunicaciones
Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual
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Foto por F. Prieto. Usada con permiso bajo la licencia de Contenido Creativo 2.0