A partir de la nueva Constitución de 2008, el manejo del espectro radioeléctrico en Ecuador experimentó varios cambios que abrieron importantes oportunidades para la democratización del mismo. Por una parte, se establecieron varios derechos de comunicación y en particular el derecho de acceso universal al espectro. Por otra parte, la Constitución consagra un modelo económico solidario, con una fuerte intervención del estado como agente impulsor de la economía. Estos cambios constitucionales han determinado un nuevo esquema institucional para el manejo del espectro, basado en tres pilares: una entidad que dicta políticas (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información – MINTEL), una agencia estatal de regulación (Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL) y otra instancia de control (Superintendencia de Telecomunicaciones – SUPERTEL).
En este esquema se destaca una definición más clara de competencias, lo que permite una mejor coordinación entre estas entidades y favorece que asuman mejor sus competencias frente a la sociedad y al mercado. Sin embargo, es necesario continuar trabajando en una reforma legal y en procesos de fortalecimiento institucional que permitan un manejo más transparente, equilibrado y democrático del espectro.
Hay que subrayar que la rectoría política en relación al espectro está en manos del poder ejecutivo a través del MINTEL. Si bien existe una independencia relativa del CONATEL, esta debe ser reforzada legalmente para evitar interferencias no deseadas de tipo político y además para dar a estos órganos la legitimidad suficiente para desarrollar su actividad. La autonomía de la SUPERTEL se fortaleció en el nuevo esquema. Esta entidad forma actualmente parte de un nuevo poder del Estado denominado Función de participación y control social, que fue creado para facilitar la incorporación de formas de participación ciudadana en las tareas de decisión pública y control social.
La reforma legal derivada del cambio constitucional es un proceso clave y constituye una gran oportunidad para trabajar por un modelo más democrático de gestión del espectro. Existe una importante distancia entre los avances constitucionales citados, la legislación y sobre todo las normas reglamentarias a partir de las cuales se gestiona el espectro en la realidad. Dos leyes importantes – una de comunicación y otra de telecomunicaciones – están en proceso de discusión. Para que el marco legal se ajuste a la Constitución – además de estas leyes – es necesario actualizar otros instrumentos normativos como el Plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones, el Plan de conectividad y aprobar el Plan maestro de transición digital. También es necesaria una renovación de las normativas en las que se basan las concesiones y la prestación de servicios, entre otros, los relacionados con las “bandas libres”.
Sociedad civil involucrada y vigilante
La participación de la sociedad civil en estos procesos de discusión es una tarea prioritaria. Esta participación deberá buscar tres objetivos: primero, que las leyes reflejen los avances constitucionales. Segundo, que estas normas resulten coherentes entre sí, de forma que reflejen en alguna medida el principio de convergencia y establezcan condiciones claras y sostenibles que favorezcan la universalización. Tercero, vigilar que en las normas reglamentarias y en los futuros contratos de concesión consten claramente las exigencias de calidad de servicio y universalización, con indicadores controlables, no solamente por las entidades de control estatal sino también por la sociedad civil.
La tarea de participar en los procesos de discusión de normas es crucial pero es necesario tomar en cuenta varias formas de participación. Por una parte, hay que ejercer los diversos mecanismos existentes para la defensa de derechos. Luego, es importante que parte de los planes de incidencia social se dirijan a vigilar los procesos de concesión futuros y el cumplimiento de los contratos en curso. Debido a los intereses en juego y la capacidad de cabildeo que tienen los operadores privados, se necesita vigilar estos procesos, así como los procesos de transición digital de radio y TV y aquellos que tengan que ver con la subasta o reasignación de bandas para internet inalámbrico. Será posible un uso más efectivo del espectro de los segmentos liberados en términos equitativos, como lo establece el principio constitucional de universalización pero es preciso seguir los planes de política pública para asegurarse que desarrollen lo que la Constitución manda. Otros aspectos de la participación tienen que ver con el naciente debate sobre contenidos y usos educativos de internet. Algunas organizaciones sociales poseen fortalezas de conocimiento en estos temas que pueden convertirse en ventajas propositivas al momento de participar.
Telecomunicaciones: sector estratégico y servicio público prioritario
La Constitución y la Ley orgánica de participación ciudadana permiten la organización de veedurías u observatorios en los procesos de asignación del espectro y prestación de servicios puesto que, como se mencionó, las telecomunicaciones son a la vez un sector estratégico y un servicio público prioritario. Será muy relevante, entonces, constituir plataformas sociales que permitan desarrollar estas diversas formas de participación. También será imprescindible adquirir competencias para sistematizar y mantener actualizada esa información técnica y política relevante para el activismo de defensa de la democratización del espectro.
Además de los temas ya indicados, en este estudio se evidencian algunos otros que demandan más investigación para alimentar la discusión social en Ecuador: usos del espectro; estructura de las concesiones y de participación en el mercado de las telecomunicaciones; y el rol de los gobiernos locales y su articulación en las políticas nacionales.
El proceso de discusión está focalizado y dominado por el debate técnico, por lo que es necesario relocalizar esta discusión desde la perspectiva social y política orientada a la democratización de las tecnologías de información y comunicación y ganar aliados en ese proceso. De esta forma, la incidencia tiene que orientarse a crear alianzas entre actores sociales, directamente vinculados al tema, con otros colectivos de base, organizaciones de defensa de derechos humanos, gremios de profesionales, universidades y centros de investigación, entre otros. Se requiere y recomienda desarrollar un mapeo más fino de actores y trazar una estrategia integral de tipo nacional, que deberá articularse necesariamente con iniciativas de incidencia a nivel regional. Para ello es necesario fortalecer redes de activismo y conocimiento, basándose en los insumos ya generados.
Esta es una sintesis de la investigación realizada en Ecuador por Marco Navas Alvear para CIESPAL, como parte de la iniciativa de APC Espectro abierto para el desarrollo, que se orienta a brindar un mejor conocimiento de la regulación del espectro a través del estudio de la situación en África, Asia y América Latina. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Action Research Network’, financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC).
Se disponibiliza debajo el informe nacional de Perú.
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