(TRADUCCIÓN SIN EDITAR) En términos políticos, el Congreso Mundial sobre la Comunicación para el Desarrollo que en este momento se desarrolla en la hermosa Roma podría no parecer el acontecimiento más relevante. En el orden del día, no hay perspectivas de género que reportar, hay poco debate sobre el valor de la infraestructura de telecomunicaciones, tampoco hay casi ninguna inclusión de tecnologías de la información y la comunicación para desarrollo. Lo que se escucha es ese “es bueno para el trabajo en red, es bueno para compartir”, pero ninguna discusión sobre políticas.
Las organizaciones no gubernamentales se encuentran con académicos, los burócratas se encuentran con sus contrapartes del Banco Mundial, gentes de traje y corbata cruzan sus caminos en Roma. El Congreso mundial sobre comunicación para el desarrollo (WCCD) ha demostrado que está ahí, primero y antes que nada, para forjar algún espacio para los expertos en comunicación para el desarrollo (C4D). Pero, por el modo que el congreso ha sido enmarcado, esto se parece a una oportunidad para recaudar dineros y financiación más que a un nuevo y bien pensado posicionamiento de fuerzas políticas en el campo de la comunicación.
En un seminario titulado “Poniendo en práctica los C4D: Pensando en las Realidades del Sur – Negociación de políticas, ganancias, beneficio y pobreza hacia la inclusión social,” Anriette Esterhuysen, directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), se ha sentido, sin embargo, embarcada en lo político.
La gente más pobre en realidad apuesta a otras bases para estar en condiciones de comunicarse
En respuesta a una pregunta de la audiencia, Esterhuysen habló del acceso abierto, el marco de infraestructura legal y regulador que APC apoya. La pregunta confrontó el valor de la inversión en infraestructura mientras “no están aseguradas necesidades humanas más básicas, como la educación y el acceso a infraestructuras de agua potable”. Se corre un peligro cuando se asume que los más pobres merecen menos”, contestó apasionadamente Esterhuysen.
“¡El contar con acceso es un derecho de todos!”.
Refiriénese al cable submarino de EASSy, en la costa de África Oriental, dijo: “aquí estamos hablando de conectividad básica, de la infraestructura básica. El acceso abierto ayuda a negociar en favor del interés público”.
Abi Jagun, investigadora de APC proveniente de Nigeria, elaboró sobre esto: “en los países occidentales, las familias gastan el 3 % de sus ingresos disponibles en comunicaciones; en África el 15%. La gente pagará por usar comunicación”, explicó, citando un estudio de la London School for Economics realizado por Clara Milne, que Jagun analizó recientemente.
Jagun también se explayó sobre ejemplos de la vida real, en los cuales las personas, de forma clara, asignaron sus ingresos disponibles para garantizarse que podrían usar tecnología móvil, mantenerse en contacto con la familia, adquirir información sobre primeros auxilios y salud de personal médico distante, u obtener acceso al precio mundial de los cereales que producen.
Las recomendaciones que fueron expresadas por APC
Esterhuysen se explayó sobre el ejemplo EASSY, tratando de hacer que los 40 asistentes al seminario de WCCD pensaran en infraestructura de tecnología como una parte integral de las más amplias discusiones sobre comunicación para el desarrollo. “Lo que aquí necesita ser negociado es la propiedad y el branding (estrategias y herramientas de marketing encaminadas a la creación y/o refuerzo de la marca) del proyecto”, esto es, qué empresas de telecomunicaciones pueden tener intereses en el consorcio inversor. El acceso abierto trata de asegurar que aún pequeños proveedores de servicio de Internet (ISPs), por ejemplo en los países mediterráneos de África, estén en condiciones de contar con acciones en este proyecto multinacional a fin de ofrecer a la población su servicio, a cambio de un precio económico.
“Estamos tratando de negociar las reglas de telecomunicaciones para reventa, cuánta amplitud de banda tiene derecho de adquirir cada socio, el retorno de inversión que puede esperar una empresa y otras consideraciones comerciales”, dijo, insistiendo en la necesidad de contar con foros de contrapartes múltiples. “Así es como la sociedad civil será capaz de catalizar el desarrollo que es de interés público”, argumentó. Pero, más allá de un papel de mediación, Esterhuysen cree en las políticas, en reglas claras que deben ser establecidas a fin de que el desarrollo tenga sentido.
En este seminario, en el cual representantes de Telecentre.org y del “centro de acceso al conocimiento” hablaron de proyectos de infraestructura masivos, sobre todo en el contexto de India, APC produjo dos recomendaciones para los organizadores del WCCD a ser incluidas en el conjunto final de recomendaciones, que se espera sean emitidas el viernes 27 de octubre de 2006.
La primera subraya la importancia de “requerir la participación de múltiples contrapartes en todas las iniciativas de desarrollo. Las iniciativas de desarrollo exitosas requieren la participación de todas las contrapartes en su diseño, toma de decisiones, gobernanza y procesos de puesta en práctica”.
La segunda recomendación menciona que los especialistas en desarrollo tienen que “requerir el acceso a infraestructura de comunicación asequible. El acceso a infraestructura de comunicación asequible mejorará la participación de la comunidad en iniciativas de desarrollo”.
El primer WCCD llegará a su fin y los expertos en desarrollo se dirigirán a casa. Los diseñadores de políticas harán los apuntes finales a sus observaciones y quienes abogan en pro del acceso abierto se marcharán a otros foros para hacer que la pelota siga rodando. ¿Se enterará el público en general? ¿Serán oídas las voces de los pueblos afectados? ¿Tomarán un giro más abierto los marcos de políticas y los modelos de participación?
